La estrategia del gradualismo político híbrido se refiere a la amplitud y pertinencia del ejercicio del poder, sus estructuraciones y herramientas, no restringido al ámbito político-represivo-militar; es decir, toma en cuenta otros factores de enfrentamiento no convencionales (económico, diplomático, demográfico, culturales, religiosos y sociales), pero utilizando las asimetrías, las complejidades y el caos, así como tecnologías con capacidad de manipulación cognitivas y espionaje, la desinformación como arma política-militar, las acciones soterradas, la confusión jurídica (lawfare).
Los nicaragüenses viven en mundos paralelos que se desconectan cada día. Por un lado, el 80 por ciento de la población empobrecida, reprimida, con una iglesia perseguida. Por otro lado, observamos una clase dominante, en el poder, mafiosa, egoísta, corrupta, represora y violadora de los derechos humanos de ciudadanos. Cada día los ciudadanos conectan más sus carencias de: inseguridad, carestía, malos servicios de salud, desempleo, etcétera, con la ineficiencia del manejo del Estado por parte de la cúpula en el poder.
Con la represión permanente la dictadura trata de caldear el ambiente para buscar cómo reducir el descenso/reducción de su base social tradicional. El régimen trata, además, de que no decaiga la tensión represiva para evitar manifestaciones de cualquier índole, ya sean religiosas, sociales o políticas. El objetivo es mantener esa tensión mientras endurece al máximo su discurso. Sin embargo, esa táctica/estrategia ha sido contraproducente ya que las bases católicas del orteguismo han comenzado a tomar distancia.
El significado de las desnacionalizaciones
Por otro lado, la dictadura ha recurrido a la desnacionalización del liderazgo opositor en el exilio, a la expulsión de sacerdotes y al bloqueó del regreso de ciudadanos al país, porque no puede vencer donde se decide la voluntad democrática: en las urnas. La desnacionalización no asegura ser un instrumento eficaz que evite el proceso de implosión en curso. Tampoco, la desnacionalización no hace desaparecer el rechazo de la gente ni repara su fragilidad e incrementa su aislamiento internacional de la dictadura.
Los años recientes (2018-2023) han sido duros, agudizando las adversidades de “los de abajo” por los efectos de la represión indiscriminada. Ese contexto ha colocado a la población en un estado de alerta para sobrevivir. La consecuencia es que los sueños se achatan y la principal aspiración se transforma en sobrevivir, sacar el día. Si las necesidades básicas no están resueltas, no se puede ver el más allá.
La violencia, la represión y la inseguridad son los factores que más afectan la consecución de los sueños futuros. Un sentimiento que condensa la inquietud generalizada de la población: tener miedo. Las mujeres temen a los feminicidios, los comerciantes a las extorsiones, los empresariados a las confiscaciones, los campesinos a los robos de sus tierras, los jóvenes y los profesionales se sienten asfixiados por a la falta de libertad; muchos de ellos han decidido emigrar.
Las aspiraciones predominantes no son lujos ni riquezas, sino tener lo suficiente para vivir tranquilos -sin angustias económicas ni temores a la represión-, acceder a los servicios de salud y educación. Nunca la inconformidad con el régimen había estado tan presente. Segmentos importantes de la población no se siente respetados. Perciben en la represión en contra de la Iglesia católica una violación a sus derechos, creencias y libertad religiosa.
Gradualismo político híbrido
La dictadura ha implementado el gradualismo político híbrido asimétrico que incluye operaciones sicológicas, métodos de desestabilización encubiertos y/o francamente terroristas, con organizaciones paramilitares para golpear al liderazgo de los movimientos sociales y liderazgo de todo tipo. Lo que significa el colapso de “orden basado en reglas” y la militarización de la política como única forma para mantener su hegemonía. De allí que el gradualismo político híbrido asimétrico sea parte de la dominación del espectro nacional y que se haya ido escalando y multiplicando las acciones represivas contra de todos y de todo. Así la represión se ha extendido a diferentes frentes: universidades, ONG, movimientos sociales, liderazgos locales, iglesia católica, jóvenes, mujeres, etcétera. Tras seis años de represión la dictadura no ha logrado alcanzar sus tres principales objetivos: destruir a los movimientos sociales y otros grupos de resistencia, reestablecer un equilibrio político estratégico favorable a la dictadura y evitar la descomposición/fractura al interior de su propia base sociopolítica.
La campaña represiva indiscriminada lanzada por la dictadura Ortega-Murillo ha conducido a una destrucción masiva de las instituciones del Estado y a un extenso daño de la sociedad civil. La situación humanitaria por la pobreza y la desigualdad económica-social se agrava día a día. Ciento de miles de personas padecen hambre al no lograr ingerir las calorías y proteínas necesarias. Esta catástrofe va más allá cualquier cosa que se haya visto antes. En esta tragedia, por su silencio, son cómplices los poderes fácticos financieros y empresarial, que han preferido cohabitar con la dictadura para seguir enriqueciéndose.
Profundización de la represión
Más preocupante aún, ante la represalia deliberadamente calculada, se manifiesta la debilidad del liderazgo opositor y la hegemonía de la dictadura se erige en una grave amenaza a los derechos civiles, sociales y humanos y, particularmente las condiciones de las presas y presos políticos. En el plano del gradualismo político híbrido, resulta sorprendente, por decir lo menos, que las elites empresariales hayan sido incapaces de protestar a los avances de la dictadura que, visto su menguado respaldo social y los numerosos problemas sociopolíticos, parece tener sólo dos destinos posibles: una caída producto del proceso de implosión en el corto/mediano plazo o un cisne negro en cualquier momento, sin fecha prevista.
La profundización del sufrimiento de la población nicaragüense y la expansión de la represión no están impulsando un incremento de la presión internacional sobre la dictadura Ortega-Murillo para que contenga la represión y acepte una salida a la crisis sociopolítica. Más bien se vive un contexto de máxima fricción en contra de la Iglesia católica. La novedad se percibe en el creciente impulso de nuevas leyes represivas. El sufrimiento de la población se halla en un nivel inaceptable.
A pesar que Estados Unidos tiene una enorme palanca de presión nunca ha sido utilizada. Las distintas administraciones norteamericanas (Obama, Trump, Biden) han criticado los ataques de la dictadura en contra de la sociedad civil, a los líderes locales y a las iglesias católicas y evangélicas, pero sigue permitiendo que los organismos financieros internacionales continúen otorgando préstamos al régimen que critican de manera verbal.
Las situaciones de tensión elevan los riesgos de implosión y posibles incidentes no previstos ni deseados puedan desembocar en un “cisne negro”. El riesgo de un “cisne negro” sigue siendo real. Pero, aunque no ocurra en el corto plazo, la descomposición de la situación ha llegado a un punto en el que el interés de muchos actores empresariales, que guardan un silencio cómplice, sus intereses se verán afectados por la putrefacción larvada y subterránea del régimen debido a los altos niveles de corrupción.
La cohabitación silenciosa con la dictadura
Lo cierto es que, a pesar de la falta de una estrategia de parte del establishment político de la oposición real y del desgaste de la credibilidad del gran capital en su plan estratégico de “cohabitar silenciosamente con la dictadura”, las crecientes desigualdades sociales, el desempleo, la destrucción de los pequeños y medianos productores del campo, la crisis de las micros, pequeñas y medianas industrias y el declive de estratégico de la dictadura; todo lo anterior apunta a favorecer el desarrollo del proceso de implosión del régimen.
Resulta claro que el Gran Capital (financiero y empresarial) carece de un “proyecto del país”, pues en realidad con lo único que cuenta es el mismo “plan de negocios” que el 80 por ciento de los nicaragüenses no sólo conocen, sino que han padecido desde el 2007 a la fecha con la ayuda de los organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Tal vez, por obvio, no lo han hecho público, porque se sabe que no existe tal “proyecto de país”. Ellos, a lo suyo, que son los jugosos negocios a costillas de la nación y pagados por todos los nicaragüenses. ¿En serio alguien espera un planteamiento distinto al “plan de negocios” implementado por la dictadura con el visto bueno del Gran Capital y el FMI?
Ante esta realidad la dictadura impulsa su visión adulterada de la realidad que no le permite superar la tremenda crisis sociopolítica, sino que ha permitido el desarrollo de una corriente política de sectores cavernarios que hasta hace algunos años se encontraban en la marginalidad del orteguismo. En tales circunstancias, la propuesta de la corriente de Humberto Ortega ha sido incapaz de construir una alternativa centrista mínimamente razonable. Es decir, el bando centrista del orteguismo parece afectado por el desencanto y el desaliento.
En esta coyuntura, el proceso de implosión puede generar, en el corto/mediano plazo, fracturas, desestabilización e ingobernabilidad al interior del orteguismo. Es indudable que la concreción de tales riesgos tendrá impactos indeseables y hasta catastróficos para la dictadura. La pregunta es por cuánto tiempo podrá la dictadura mantener el equilibrio de poder híbrido.