A la memoria de mi pariente y amigo, Carlos Tünnermann Bernheim.
Donde se apriete, brotan los negocios turbios o ilegales, que el régimen permite en beneficio de la “nueva clase”, quienes han construido fortunas siempre con dinero de la nación y el ahorro de los asalariados, por ejemplo, el caso del INSS. También se han apropiado a través de la expropiación, confiscación y robo de las pensiones, propiedades y bienes de los presos políticos, exiliados, ONG, etcétera.
No han dejado piedra sin labrar hasta en el más recóndito ámbito económico-social, en la creencia, falsa, desde luego, de que el país es de su propiedad. Y siempre son los mismos, desde la piñata de 1990 en adelante, cuando se inició la conformación de la “nueva clase” o la “nueva oligarquía”. Desde el 2007 a la fecha existe un proceso de enriquecimiento inocultable, inexplicable e ilícito de los miembros de la “nueva oligarquía”.
Por obra y gracia de la dictadura Ortega-Murillo, la riqueza de la nación pasó a unas cuantas manos privadas, convirtió a los gobiernos municipales en menos gerentes de las decisiones de la cúpula en el poder, se desmanteló los poderes del estado y el único beneficio del país fue desatar la concentración del ingreso y la riqueza, y, paralelamente, incrementar la desigualdad y la pobreza. Los beneficios de esa política es que los diferentes anillos del poder hicieron jugosos negocios con todos los bienes de la nación, pero no satisfechos siguieron con los recursos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que atiende a miles de nicaragüenses.
El “Anuario Estadístico 2022” del INSS indica que al 31 de diciembre de 2022 que la “deuda” se elevó a C$ 5,261 millones de córdobas. Es decir, la “deuda” es el dinero que se debería de tener para atender las futuras cotizaciones de los actuales contribuyentes. Esos C$ 5,261 millones de córdobas es una deuda con los asegurados, actualmente existen 801,751 asegurados activos y 338,842 pensionados. Es decir, ese dinero debería ser las reservas del INSS para garantizar las pensiones y otros compromisos con los asegurados y pensionados, ya lo gastaron y era dinero de los trabajadores.
Las reservas positivas del INSS pasaron de C$ 5,391 millones de córdobas en el 2017 a una deuda negativa de C$ 5,261 millones de córdobas en el 2022. Para evitar la quiebra del INSS, producto de la corrupción y el despilfarro de la cúpula en el poder, el Estado tiene dar anualmente el Presupuesto de la República una cantidad de dinero para que el INSS siga cumpliendo sus compromisos con los asegurados activos y pensionados sacrificando inversiones en educación, salud, infraestructuras, etcétera. La tendencia es que esta “deuda” seguirá creciendo y el Estado tendrá que seguir transfiriendo dinero al INSS para cumplir con sus compromisos con los asegurados activos y pensionados.
Por ejemplo, como muestra de los efectos colaterales negativos del deterioro de las finanzas del INSS, producto de la corrupción, analizaremos algunos datos en la educación. De acuerdo a los datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) el sistema de educación pública contaba al inicio del año escolar en 2024 con 49,778 profesores, en 2018 eran 52,792. Es decir, el sistema de educación pública inició el 2024 con 2,331 docentes menos, en comparación a los que se tenían contabilizados en el 2018. Al mismo tiempo, entre el 2017 y 2024, la matrícula inicial de los estudiantes totales (preescolar, primaria y secundaria) disminuyó en 18,373 estudiantes al pasar de 1,580,003 estudiantes en el 2017 a 1,561,630 estudiantes.
Por otro lado, las condiciones laborales del país han empeorado debido a que persiste el desempleo, un alto índice de trabajo informal, pésimas condiciones laborales, bajos salarios, alto costo de la canasta básica e incremento de la desigualdad social. Por ejemplo, en el 2007 había 458,968 asegurados en el INSS (tenían un trabajo formal); en marzo de 2024 el número de asegurados ascendió a 801,751 personas. Es decir, en 17 años se incrementó 342,783 asegurados, lo que significa un promedio de 20,163 la creación de empleos formales por año por debajo del número de personas que ingresan al mercado laboral calculada entre 60 a 100 mil personas por año. Lo significa que, por lo menos, en ese período, entre unas 680,000 a 1,360,000 de personas engrosaron las filas del desempleo o trabajo informal.
Otro factor que influye en el declive del poder de Ortega-Murillo es el dato del INSS en su “Anuario Estadístico 2022” que nos revela que, de los 783,384 trabajadores asegurados vigentes al cierre del 2022, más de 600 mil ganaban salarios menores a los C$ 15 mil córdobas mensuales, mientras que el costo de la canasta básica era de C$ 18,981.55 córdobas mensuales. Es decir, los 600 mil trabajadores formales no podían adquirir una canasta básica completa, lo que nos hace evidente el deterioro de su nivel de vida.
Es claro que la permanencia en el poder de Ortega-Murillo empeorará la ya alarmante descomposición social y económica bajo el mando de los “barones de la corrupción”. Es la corrupción misma, lo que impide avanzar y sabotea el desarrollo del país donde el problema es la concentración de la riqueza en manos de la vieja y nueva oligarquía, acostumbrada a obtener sus ingresos extraordinarios de la transferencia de los recursos públicos a manos privadas.
Cada vez que el periodismo independiente o miembros de la sociedad civil descubren las tropelías, excesos, atracos y conexos los “barones de la corrupción”, de inmediato el régimen y sus jilgueros guardan absoluto silencio o arman campañas propagandísticas para defender lo que ellos creen que les pertenece –entre lo más reciente, que no es el único- el ahorro de los trabajadores, las pensiones de los asalariados. Los “barones de la corrupción” –especialistas en estos chanchullos y creyéndose impunes- guardan silencio de la crisis del INSS y fingen demencia de cómo se han enriquecido.
La tragedia de la política económica, social y política de la dictadura es que ha favorecido a su familia, a gente del círculo íntimo de poder, a socios producto del influyentismo, amiguismo, nepotismo y la corrupción. En pocas palabras, la política dictatorial no ha dejado ningún rincón del Estado sin exprimir, sin beneficio alguno para el país, favoreciendo obviamente al círculo de amigos y cómplices, y las consecuencias negativas las pagan millones de ciudadanos.
El régimen recurre a la mentira, sin miramientos y sin importarle las secuelas que este tipo de acción cause en la población. Su estrategia es distorsionar la realidad, es distraer, mutilar, tergiversar, todo eso junto. El asunto es confundir con mentiras muy bien estructuradas pretendiendo hablar con la verdad. Las mentiras tienen la intención de ocultar la realidad y han sido el estilo de la política reaccionaria impuesta por la dictadura.
Para no abordar el tema del “enriquecimiento inexplicable” de los principales anillos de poder, el régimen acusa a los que pedimos cuentas claras, transparencia, de fomentar el odio, ya que los odios no permiten avanzar al país. Estos dichos son un reflejo fiel del cinismo que se conducen los miembros de los círculos de poder, del absoluto desprecio a la legalidad y la ausencia de transparencia del dinero público, lo que exhibe práctica de la actual clase política en el poder. La evidente corrupción de la cúpula en el poder y su entorno, su administración es rechazada por más del 80% de los ciudadanos.
A partir del 2018 a la fecha se ha producido un estancamiento generalizado de los ingresos de los sectores populares y de la clase media, mientras aumentada los ingresos de los más ricos; al mismo tiempo, se produjo un debilitamiento deliberado de los mecanismos de protección social (pensionados) y una caída de los salarios reales, lo que ha generado más inseguridades económicas y sociales en la gran mayoría de la población.
La política económica del régimen se ha basado en la creencia en que el modo más eficiente más eficiente de conservar el poder era establecer acuerdos con el gran capital y los banqueros para facilitarle mayores ganancias a cambio de recibir su apoyo político sin restricciones. Estaba claro que esa alianza no era eficiente para la economía ni estable para el país, y, menos aún, conducente a la generación de una distribución de ingresos socialmente aceptable.
Los miembros de la cúpula en el poder no tomaron en cuenta que dar demasiados beneficios a las corporaciones y a los capitales prebendarios limita los ingresos de la población creando mayor descontento sociopolítico. Para los miembros del gran capital y banqueros es herejía el cobro de impuestos, piensan que tienen derecho de obtener ganancias extraordinarias sin importar su procedencia. Dado que en la política del régimen se ha impuesto la deshonestidad, la codicia, la corrupción, la explotación socialmente destructiva y el rentismo, la confianza de la ciudadanía en el régimen se seguirá derrumbando como nos indican las encuestas.
Conclusiones
¿La dictadura Ortega-Murillo está consciente de su declive que conlleva a alimentar el desarrollo del proceso de implosión interno del régimen?
Entre el 2017 y el 2022 y de acuerdo a las cifras oficiales del INSS, C$ 10,652 millones de córdobas desaparecieron de sus reservas de manera no transparente, teniendo efectos colaterales negativos tanto a nivel del crecimiento del PIB como en la creación de empleos formales. Ese dinero evaporado forma parte de la corrupción sistemática del régimen.
De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua (BCN) y del INSS, entre el 2018 al 2023 el PIB creció en un 10.6%, dando un crecimiento promedio anual del 1.84% lo que se tradujo en la creación de solamente de 20,163 empleos formales anuales. Es decir, durante los 6 años analizados el número de trabajos formales creados alcanzó la cifra de 120,978.
Igualmente, de acuerdo con el BCN y del INSS, ese crecimiento raquítico se tradujo en que, en esos años, unas 680,000 mil a 1,360,000 personas engrosaron las filas del desempleo y/o del trabajo informal. Lo que nos demuestra que la política del régimen está provocando desigualdad, pobreza y descontento social en la población en general.
El crecimiento del PIB raquítico, el alto nivel de desempleo, el trabajo informal mal remunerado y la represión explica la ola migratoria de más de 700 mil nicaragüenses que se ha producido desde el 2018 a 2023. Entre el 2018 y el 2023, las remesas totalizaron US$ 15,036 millones de dólares.
Solamente en el 2023, la totalidad de las remesas recibidas en Nicaragua alcanzó el monto de US$ 4,660.1 millones de dólares, de las cuales el 78% fueron operadas por los bancos y solamente el 21.2% por las agencias tipo Western Union y otras. Es decir, el incremento de las remesas producto de la ola migratoria ha contribuido al acrecentamiento de las ganancias de los bancos.
Al mismo tiempo, el gran capital y los banqueros han disfrutado de exoneraciones fiscales y subsidios que le permitió obtener ganancias extraordinarias del 18% promedio anual, además de recibir facilidades en los trámites legales administrativos y otros beneficios. Resulta que Nicaragua tiene el sistema bancario más pequeño, pero es el que obtiene las utilidades extraordinarias más altas de todos los bancos de la región centroamericana.
El análisis de la realidad es la lucha por la verdad no para viajar al pasado, sino para viajar al futuro. Ortega-Murillo nos quieren condenar al olvido para continuar robándose todo. El conocimiento de las circunstancias no deja de ser esa sustancia que nos permite recuperar la realidad para transformarla y fomentar el declive del régimen. Por eso es necesario seguir analizando la realidad cotidiana. El análisis de la realidad es incompatible con la mentira, es la manera más eficaz de combatir la mentira.
La dictadura Ortega-Murillo no puede esperar que la gente los siga apoyando incondicionalmente cuando los ha puesto contra la espada o la pared por medio de la represión, el desempleo, la pobreza y el deterioro de sus condiciones de vida, razón por la cual siguen aplicando la represión generalizada porque tienen miedo que la gente sean capaces de echarse nuevamente a la calle, es el fracaso de la estrategia “espejito, espejito” con los proyectos de humo.
¿La dictadura Ortega-Murillo están conscientes de su declive que conlleva a alimentar el desarrollo del proceso de implosión interno del régimen? La dictadura Ortega-Murillo ha ido perdiendo poder, pero no se da cuenta porque es muy difícil liberarse de uno mismo de la idea que ellos mismos tienen del poder y del control social que ejercen a través de la represión. Igualmente, la dictadura va perdiendo poder porque tienen a sus achichincles que lo están aplaudiendo constantemente de todas las decisiones implementadas y no permiten ver la realidad cotidiana.
Es decir, el régimen Ortega-Murillo tiene una idea de sí mismo alimentada fuertemente por los miembros de los distintos anillos de poder que la rodean y que tienen poca relación con la realidad cotidiana del país. Ellos piensan que, con el incremento del gasto militar y policial, además de los paramilitares, es suficiente para contrarrestar su declive. La ceguera es otro elemento que alimenta el declive y/o la implosión interna del régimen.
El declive del poder de la dictadura se ha transformado en inevitable, aunque ellos no tengan conciencia de ello, por cuatro factores más importantes: el hartazgo de la corrupción generalizada, el incremento del descontento/descomposición por el deterioro del nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos, la ceguera política del régimen que favorece su inmovilismo y la alianza entre los “barones del dinero” y los “barones de la corrupción”.
Oscar René Vargas. Exiliado, desnacionalizado, expropiado de sus bienes, ex preso político del grupo del 222, escritor, sociólogo y economista. Autor de 57 libros y de miles artículos de opinión.