El régimen Ortega-Murillo no es una dictadura tradicional, sino un sistema de castas vinculadas al entramado de la corrupción organizado desde el poder. A través de los medios independientes se multiplican las denuncias, evidencias y pruebas de corrupción no sólo en el aparato del Estado, sino también en los poderes fácticos, en la cúpula de poder y en la misma familia presidencial. Lo anterior se traduce que el poder está en manos de una cleptocracia.
La cleptocracia es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político, el peculado, el lavado de dinero, etcétera, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes. Es decir, prima el interés por el enriquecimiento ilícito a costa de los bienes públicos.
De acuerdo al informe del Instituto de Gobernanza de Basilea (Suiza) publicado en septiembre 2021 que analiza la situación del lavado de dinero en 110 países en el mundo, Nicaragua ocupa el lugar 95 de los países más corruptos, ocupando el peor lugar de Centroamérica y a nivel de América Latina solamente está por encima de Haití. Algo muy semejante señala el reporte internacional sobre corrupción que publica Transparencia Internacional.
De acuerdo al “Estudio de la Opinión Pública Nicaragua” del mes de septiembre de 2021, con un margen de error del 2%, realizado por la encuestadora CID-Gallup el tema de la corrupción es el principal problema del país a criterio de los nicaragüenses entrevistados.
Según el informe del BID/OCDE titulado “Panorama de las Administraciones Públicas. América Latina y el Caribe 2020” señala que solamente un 30% de los entrevistados tienen confianza en la gestión del régimen Ortega-Murillo. Su falta de confianza se debe a cómo se maneja la lucha contra la corrupción y cómo se recompensa la integridad de los funcionarios públicos.
La cúpula política está en función de dos objetivos centrales: conservar el poder por cualquier medio y repartirse las riquezas del Estado. La historia política nos enseña que las elites conciben la política como un instrumento para controlar el botín del Estado y que la corrupción está presente en todos los estamentos de la clase política y empresarial.
En los últimos años la riqueza se ha concentrado beneficiando a la jerarquía política y sus allegados. Los miembros de la nueva clase con las fortunas acumuladas de decenas de millones de dólares, no sabían qué hacer con ese dinero y tuvieron que buscar gente (testaferros) que sí supieran hacer negocios y/o cómo esconderlos en los circuitos financieros internacionales en los paraísos fiscales (Turquía, Dubái, Andorra, etcétera).
Los miembros de la cúpula del poder no saben muy bien cuánto dinero tienen y dónde lo tienen invertido, porque lo han hecho a través de terceros. Los testaferros tienen una relación con el poder basada en el temor de los pueden hasta matar si les fallan o los engañan o por su comportamiento indigno.
Quince años de orteguismo han hecho de Nicaragua uno de los países más desiguales y corruptos de América Latina y el más desigual y corrupto de Centroamérica. Es decir, hay una masa de miembros de la nueva clase y funcionarios cleptocráticos que dominan los grandes negocios y se roban los fondos del Estado.
Nicaragua vive una etapa de sin rumbo, sin estrategia de desarrollo, un régimen que resbala en promesas incumplidas y a la vez que destroza todo y cualquier aspecto de la vida nacional haciendo palpable que el destino del país se encuentra en manos de una kakistocracia; es decir, un gobierno de los peores.
El régimen ha logrado, como parte de su poder, diezmar parcialmente la verdad histórica, tratando de igualar todas las versiones de la rebelión de Abril 2018 como si fueran equivalentes. Para ello implementa la intimidación, la amenaza, la violencia en contra de la población y el pacto de silencio con el gran capital. No tolera que nadie le rechiste. El predominio de la palabra y del relato histórico del dictador está asentada en una red de ritos y normas de estrictas obediencias ciegas a la dictadura.
La represión militar, policial y paramilitar ha contribuido a mantener en el poder a la cleptocracia y al gobierno de los peores obstruyendo la modernización del país. La simbiosis del silencio de las elites empresariales y la acción represiva ha impedido el avance democrático y bloqueado la lucha contra la corrupción. Los poderes fácticos empresariales y financieros mantienen su alianza con el régimen, aunque sea bajo de la mesa, para asegurar la continuidad de la dominación de la clase dominante.
Sin embargo, no podemos olvidar que en la dictadura Ortega-Murillo todo es posible, las estrategias son marcadas ya sea por las aplastantes realidades o la supervivencia y que suele ser despiadada cuando consideran que peligra su poder omnímodo.
El balance de lo ocurrido en Nicaragua se refleja en que la cleptocracia ha logrado fortalecer las corrientes ideológicas conservadoras; estas tendencias apuntalan proyectos propios para favorecer a los sectores hegemónicos mediante la permisibilidad de la corrupción y la imposición de la represión y el terror como política de Estado. De esa realidad, descrita en los párrafos anteriores, emana el poder y las debilidades de la dictadura. La lucha es por desmontar el tinglado de la corrupción económica y política que sustenta la dictadura para debilitarla y derrocarla.