Expertos en sicoanálisis y siquiatría califican de “esquizofrenia” al padecimiento que impide distinguir entre la ficción y realidad. En asuntos políticos, suele emplearse el término a quienes niegan o tergiversan la realidad.
El orteguismo es la expresión de un fenómeno más amplio de degradación política. Este fenómeno es una variante neosomocista que busca sostenerse en el poder, sobre la base de la violencia abierta, patrones de despojo de las propiedades comunales, de violación de los derechos humanos, la deshumanización del adversario político, negación y tergiversación de la realidad, además de mostrar desprecio por las drásticas consecuencias en el deterioro la vida cotidiana de los ciudadanos.
El orteguismo ha permitido el incremento de las diferencias en la distribución de la propiedad agraria; ha militarizado la sociedad por su alianza con los militares, la policía y los paramilitares; se ha ampliado retraso económico en relación a los otros países centroamericanos; ha destruido los frágiles elementos de democracia que existían; y, ha permitido el empobrecimiento de la raquítica clase media y la desolación y ruina del 80 por ciento de la población más vulnerable.
El orteguismo ha satisfecho todos los deseos de las clases dominantes (vieja y nueva oligarquía), que, detrás de una retórica liberal completamente fuera de lugar, se sostiene en un modelo rentista, extractivista, regresivo de explotación de los trabajadores y el pueblo. El orteguismo ha buscado su acomodo en la plutocracia de la vieja oligarquía y la burguesía tradicional latifundista.
La influencia neofascista/somocista en el sistema político del orteguismo es notable. Es un movimiento de masas que alienta y moviliza todo tipo de resentimientos sociales que resultan útiles para el mantenimiento de las desigualdades de clase, género y raza y mantienen incuestionable e intacta la hegemonía del gran capital sobre la organización de la sociedad.
El orteguismo intenta crear un sistema de hecho y de derecho buscando el poder a perpetuidad donde el gran capital, el político tradicional y la dictadura fusionaron sus intereses inmediatos. No sólo ha sido que los políticos orteguistas operaron con desmesura al servicio de los empresarios, sino que ellos mismos se volvieron capitalistas millonarios mediante el saqueo de las arcas públicas y los contratos de obras públicas, o “servicios”, que se dieron así mismo o en sociedad con la vieja oligarquía o la burguesía tradicional.
Esos contratos no solamente fueron formulados a precio de expolio, sino que las obras públicas resultaron, muchas veces, defectuosas, o quedaron sin acabar, o bien los “servicios” no sirvieron a la comunidad. Es decir, el régimen y sus aliados han permitido el florecimiento de una corrupción sin precedentes en las instancias públicas.
Los nicaragüenses “de a pie” han sido los que pagan las consecuencias de las pésimas decisiones, de la descarada corrupción y de las promesas siempre incumplidas. Los corruptos son “protegidos” por los carroñeros por ser parte y/o aliados de la mafia en el poder.
Con el orteguismo la libertad de los poderosos para hacer y deshacer en el campo laboral y económico no han conocido obstáculos. Las instituciones del Estado sirven para el atraco a diestra y siniestra y para repartir el botín, en detrimento de los ciudadanos. Es decir, les importan un bledo los negativos efectos sociales y sobre las finanzas públicas. Esa alianza ha permitido el sostenimiento y permanencia de una mafia en el poder.
La lógica de la clase dominante ha sido considerar que el dinero público del Estado se maneja de la misma manera que una empresa privada. Por esa razón han implementado políticas públicas que favorecen a las empresas del gran capital y de las familias de la nueva oligarquía.
Se estima que el conjunto de las actividades ilegales, y por tanto no declaradas, significan alrededor del 10 por ciento del PIB. Entre los negocios más lucrativos están el tráfico de drogas, las actividades ilegales vinculadas al medio ambiente controlada por la mafia maderera, el tráfico de oro, el contrabando de cigarrillos y otros productos.
Los costos sociales y económicos de estas actividades se concretan en graves riesgos para el medio ambiente, para el despojo de las tierras comunales de la Costa Caribe, la evasión masiva de impuestos que imposibilitan la puesta en marcha de mejores políticas sociales. Además, esta economía en la “sombra” alimenta una cadena de sobornos y malas prácticas administrativas que alimentan la consolidación de la mafia en el poder.
Al mismo tiempo, los desplazamientos forzosos son moneda común en la Costa Caribe afectando con ello a centenas de familias que son obligadas a abandonar territorios dotados de recursos naturales y cuya propiedad de la tierra es comunal.
Las actividades económicas criminales e ilícitas son toleradas por el régimen Ortega-Murillo cuando no es patrocinada por este. Se desarrollan paralelo al incremento de la economía legal, al margen de las leyes del Estado, generando fortunas particulares que posteriormente han sido “blanqueadas” en el sistema financiero con un barniz de respetabilidad que esconden sus oscuros orígenes.
Hay que tomar conciencia que las fuerzas del orteguismo no están derrotadas, en todas partes resistirán tanto nacional como internacional, para no perder el poder hasta que las mayorías empobrecidas y arruinadas se quiten la venda, vean quién es su voraz enemigo y sean capaces de superar el presente para construir el futuro.
La economía ilícita es parte consustancial del proceso de acumulación del capitalismo de amiguetes del régimen Ortega-Murillo, y a su vez, se engarza con mecanismos de desposesión y despojo, así como la explotación de la naturaleza, de los asalariados, etcétera; lo que produce y reproduce la descomposición del tejido social e incrementa la vulnerabilidad de la sociedad e individuos y funge a su vez como un dispositivo de control social que recae sobre las comunidades, familias e individuos, mostrando su rostro más lacerante a través de la violencia de los paramilitares y policías.
El poder de la mafia en el poder se fundamenta en el control del territorio, el despojo de los recursos naturales, los bosques, el agua, tierras fértiles, ruta y mercado para el tráfico de estupefacientes. Redondea su poder con los recursos de procedencia ilícita.
La mafia precisa del Estado, de la corrupción y la impunidad para expandir y mantener los procesos de acumulación de capital en los cuales participa. Además, las actividades ilícitas sirven como lubricantes para la economía cuando entran más de US$ 1,500 millones de dólares anuales.
Existe una relación simbiótica entre la economía ilícita y las desigualdades y la exclusión social. Al instalarse la economía ilícita en una sociedad desigual y excluyente, lo que tiende a incrementar es la devastación de las relaciones sociales, carcome el tejido social y destruir el medio ambiente con tal de facilitar la acumulación de las distintas mafias.
Apropiación y despojo que emprenden las empresas agroindustriales y colonos sobre vastos territorios del país es la lógica del proceso de acumulación de la economía ilícita. Por ejemplo, la tala clandestina de árboles es un negocio lucrativo, las tierras arrasadas con incendios forestales abren amplios procesos de acumulación donde intervienen empresas ganaderas y empresas de agronegocios, las concesiones a las compañías mineras extranjeras son las formas de apropiación y despojo.
La degradación política del orteguismo junto con la economía ilícita son parte de un engranaje amplio que aprovechan la falta de la independencia de las instituciones del Estado, de la complicidad de algunos poderes fácticos, del nulo poder municipal, de la desigualdad, de la exclusión social, de la concentración de la riqueza y del ingreso, y por la misma depredación de la naturaleza derivada del rentismo, del extractivismo y del agronegocio, ello se complementa con la precarización laboral y la pauperización de amplios sectores sociales; todo ello acentuadas por las políticas públicas implementadas por la dictadura Ortega-Murillo.