El presidente Joe Biden, pide al Congreso que invierta casi US$ 986.8 millones de dólares en Centroamérica y Haití en 2023 para mantener el «liderazgo» en la zona, según el proyecto presupuestario publicado este lunes 28 de marzo. Este plan presupuestario que cubre el periodo entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre se envía al Congreso, que es el que controla las arcas del gobierno.
En el apartado «continuar el Liderazgo» en Centroamérica y Haití, el presidente propone invertir concretamente US$ 986,8 millones en esos países «como parte de una estrategia integral para avanzar en la reforma sistémica mientras se abordan las causas profundas de la migración irregular», informa la Casa Blanca.
Este monto forma parte de su plan de inversión de US$ 4.000 millones sobre cuatro años para Centroamérica, de donde proviene la mayoría de los inmigrantes indocumentados que entran en Estados Unidos o se agolpan en su frontera con México con la esperanza de poder hacerlo. Este presupuesto se queda muy lejos de los más de US$ 15 mil millones de dólares aprobados hasta la fecha en ayuda militar y asistencial para ayudar a Ucrania.
Los inmigrantes centroamericanos enviaron desde Estados Unidos más de 32.000 millones de dólares en remesas para sus países de origen el año recién pasado; los aportes de los trabajadores migrantes representan hasta el 26% del PIB para algunas naciones.
En números globales la región superó los 32.033.260.000 de dólares, lo que para algunos países como El Salvador llega a representar hasta el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Guatemala recibió US$ 15,183.50 millones de dólares en 2021; El Salvador US$ 7,397.06 millones dólares, Honduras US$ 7,376.40 millones de dólares, Nicaragua US$ 2,076.30 millones de dólares y Costa Rica 500.0 millones de dólares.
Por lo tanto, el programa de US$ 4,000 millones de dólares en cuatro años no es un programa que vaya ayudar a resolver los problemas fundamentales de la región y está centrado en mantener el “liderazgo” de EEUU en la región.
Los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) coinciden en que el trabajo informal alcanza hasta el 70% del empleo en la región centroamericana.