La crisis sociopolítica (2018) más la pandemia de COVID (2020) incrementaron el número de personas con incapacidad de comprar una canasta básica. El número de personas en inseguridad alimentaria venía creciendo desde 2015, dado el aumento de precios de los alimentos de la canasta básica. Ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, se configuró una tormenta perfecta, hablamos de una crisis global y generalizada.
Rusia y Ucrania son dos grandes exportadores de granos básicos y la guerra entre ellos ha provocado un aumento en los precios internacionales de los comestibles. Independientemente de que Nicaragua no tenga en esos mercados sus principales abastecedores, habrá un impacto en un momento en que los precios de los alimentos ya son altos y volátiles debido a la pandemia, a problemas logísticos, a la crisis sociopolítica y a los efectos del cambio climático como inundaciones y sequía.
El conflicto en Ucrania ha disparado los precios de los granos en los mercados internacionales y con ello también las alertas de hambre. El índice de precios de alimentos de la FAO llegó en marzo de 2022 a su nivel más alto desde que hay registro, un promedio de 159.3 puntos por arriba del mismo periodo de 2014. También se ha producido el encarecimiento y escasez de los fertilizantes lo cual presionará a la producción con un aumento de los precios y no sólo eso, probablemente, vamos a tener escasez de algunos productos. Es decir, vamos a ver un aumento de los precios de alimentos porque eso es algo internacional.
Nicaragua no tiene, hasta ahora, un problema de falta de comida –se produce lo suficiente para el número de habitantes del país–, sino de escasez en los bolsillos de las familias para adquirirla. La inseguridad alimentaria –que incluye a quienes no comen todos los tiempos o con insuficiente calidad nutricional– alcanza a más del 50 por ciento de la población ya sea en forma severa o moderada.
El encarecimiento de los alimentos impide a cada vez más personas adquirir los víveres necesarios, máxime en un contexto en que el alza de los precios se dio a la par de retrocesos en el empleo, en los ingresos de los hogares y la migración de la mano de obra calificada por la represión en el contexto de la crisis sociopolítica.
Se necesita una protección social para que se pueda auxiliar a las personas que van a resentir un impacto en su capacidad financiera para adquirir una alimentación nutritiva y saludable.